Comienzo por aclarar que estas líneas no
tienen nada que ver con golpe de Estado ni nada que se parezca al
derrocamiento del régimen por vías antidemocráticas, sino a las
circunstancias que deben acontecer entre la previsible finalización de
este gobierno por vías estrictamente constitucionales, pacíficas,
electorales y democráticas y lo que debe afrontar el nuevo régimen
surgido de la voluntad popular para poder gobernar. Es decir, no me
refiero a la fulana transición que debe producirse en cuestión de horas,
según vienen anunciándolo desde hace por lo menos diez meses políticos y
profetas especialistas en no acertar, aunque tampoco pueda negarse que
la dinámica perniciosa de la gravísima situación económica y política de
nuestro país (he puesto deliberadamente primero “económica” y después
“política”) pueda desembocar en situaciones intempestivas.
Todas las transiciones han cumplido el
curso descrito, con las especificidades propias de tiempo y lugar:
después de la II Guerra Mundial entre los países vencedores y los
derrotados; la Sudáfrica del régimen del apartheid al de Mandela;
España post Franco a la democracia del Pacto de la Moncloa; Venezuela
al derrocamiento de Pérez Jiménez y el Pacto de Punto Fijo para asentar
la democracia; Argentina de las dictaduras militares a los gobiernos
constitucionales; Chile de Pinochet a la Concertación; de la URSS
comunista y centralizada a las federaciones que agrupan a las
ex-repúblicas soviéticas regidas por variantes democráticas de tipo
occidental, igual que en los países ex-comunistas de Europa Oriental;
las negociaciones del gobierno de Colombia con las FARC y el ELN; entre
EE.UU y Cuba a instancias del Presidente Barack Obama, previa la
intermediación del Papa Francisco como culminación de un diálogo largo y
silencioso entre los regímenes norteamericano y cubano para la
normalización de sus relaciones suspendidas hace más de 50 años.
Es fácil conocer a través de las redes
todos estos procesos y las leyes (algunas como las argentinas de
“perdón y olvido” y “punto final” durante el gobierno democrático de
Raúl Alfonsín), reglamentaciones, organismos e instituciones
implicadas, el nombramiento de comisiones de la verdad, el
funcionamiento de la denominada justicia transicional, el castigo legal a
los culpables de violaciones a los derechos humanos, las reparaciones a
las víctimas, el restablecimiento de derechos vulnerados y de
situaciones jurídicas infringidas. La finalidad siempre es la misma:
finalizar o precaver guerras, matanzas y conflictos entre países o
dentro de un mismo país. Nosotros decidimos.
Henry Ramos Allup
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