Extraño que el demandado no fuera el exfuncionario sino los medios que
reprodujeron sus declaraciones, en una pirueta que pretende desaparecer las
consecuencias dejando a salvo las causas. Analizar este caso en el campo
puramente jurídico donde debería estar, resulta una bobería porque se sabe de
sobra que es enteramente político por parte del demandante y de los demandados.
Además, invocar el estado de derecho es un ejercicio inútil porque eso existe
en Venezuela sólo para los del Gobierno.
En cuanto al deber de
los medios de informar veraz y oportunamente, expresé en esta misma columna, a
propósito de la venta de algunos de ellos a personas presumiblemente amigas del
régimen y ante la compunción manifestada por algunos opinantes, que los medios
privados aquí y en la Cochinchina son empresas y que como cualesquiera otras
están sujetas a compra-venta, que las empresas tienen dueños, los dueños tienen
intereses y todo cuanto publican o dejan de publicar responde a sus
conveniencias. Así las cosas, imaginar la existencia de medios asépticos
oficiando en el sacrosanto altar de la libertad de expresión un culto supremo a
informaciones y opiniones impecablemente objetivas y neutrales, constituye una
ingenuidad.
Recuerdo que cuando el
Gobierno de Luis Herrera prohibió transmitir cuñas de licores y cigarrillos en
radio y televisión, un canal privado le acuñó un veto que le fue levantado 20
años después para reseñar modestamente sus exequias. Si hechos como éste son
graves e inadmisibles tratándose de medios privados, mucho peores son las tropelías
que comete el Gobierno usando los medios públicos que no son de su propiedad
sino de todos los venezolanos. Y si ante cualquier exceso los medios privados
dan al menos derecho de réplica a los agraviados, esa eventualidad jamás se
produce en los que maneja el Gobierno.
El diputado Diosdado
Cabello en su programa semanal “Con el mazo dando” acusa permanentemente a
personas e instituciones basado en informaciones de supuestos “patriotas
cooperantes” y allí nadie tiene defensa ni derecho de réplica. Los agraviados
tampoco pueden reparar su honra y reputación mediante litigios porque los
tribunales están sólo al servicio del régimen. Si el diputado Diosdado Cabello
invoca el derecho de ser respetado en su honra y reputación y tiene familia que
defender, idéntico derecho tienen ios innumerables agraviados por los medios
públicos. Y si de equidad y reparaciones se tratase, el diputado Cabello ha
debido comenzar demandando al exfuncionario Leamsy Salazar y mucho antes a
Mario Silva quien lo acusó de graves hechos de corrupción en una grabación
telefónica, hecho por el cual fue suspendido de VTV durante un año.
@hramosallup
Fuente:
http://acciondemocratica.org.ve/adport/henry-ramos-allup-el-demandante-cabello/#sthash.fl6l3TdV.dpuf
La
demanda recientemente introducida por el diputado Diosdado Cabello
contra algunos de los directivos de “El Nacional”, “Tal Cual” y “La
Patilla” -raramente no todos- por los presuntos delitos de difamación e
injuria, vuelve a poner en el tapete los sempiternos temas de la
libertad de información versus el derecho de las personas a su honra,
reputación e intimidad, sean o no funcionarios públicos, y al de no ser
condenado sin ser oído en juicio justo con defensa cabal. La acción se
basa en el hecho de que los medios citados reprodujeron informaciones de
diarios europeos que difundieron declaraciones del exfuncionario
chavista Leamsy Salazar contra el diputado Diosdado Cabello,
vinculándolo con el narcotráfico. Extraño que el demandado no fuera el
exfuncionario sino los medios que reprodujeron sus declaraciones, en una
pirueta que pretende desaparecer las consecuencias dejando a salvo las
causas. Analizar este caso en el campo puramente jurídico donde debería
estar, resulta una bobería porque se sabe de sobra que es enteramente
político por parte del demandante y de los demandados. Además, invocar
el estado de derecho es un ejercicio inútil porque eso existe en
Venezuela sólo para los del Gobierno.
En cuanto al deber de los medios de
informar veraz y oportunamente, expresé en esta misma columna, a
propósito de la venta de algunos de ellos a personas presumiblemente
amigas del régimen y ante la compunción manifestada por algunos
opinantes, que los medios privados aquí y en la Cochinchina son empresas
y que como cualesquiera otras están sujetas a compra-venta, que las
empresas tienen dueños, los dueños tienen intereses y todo cuanto
publican o dejan de publicar responde a sus conveniencias. Así las
cosas, imaginar la existencia de medios asépticos oficiando en el
sacrosanto altar de la libertad de expresión un culto supremo a
informaciones y opiniones impecablemente objetivas y neutrales,
constituye una ingenuidad.
Recuerdo que cuando el Gobierno de Luis
Herrera prohibió transmitir cuñas de licores y cigarrillos en radio y
televisión, un canal privado le acuñó un veto que le fue levantado 20
años después para reseñar modestamente sus exequias. Si hechos como éste
son graves e inadmisibles tratándose de medios privados, mucho peores
son las tropelías que comete el Gobierno usando los medios públicos que
no son de su propiedad sino de todos los venezolanos. Y si ante
cualquier exceso los medios privados dan al menos derecho de réplica a
los agraviados, esa eventualidad jamás se produce en los que maneja el
Gobierno.
El diputado Diosdado Cabello en su
programa semanal “Con el mazo dando” acusa permanentemente a personas e
instituciones basado en informaciones de supuestos “patriotas
cooperantes” y allí nadie tiene defensa ni derecho de réplica. Los
agraviados tampoco pueden reparar su honra y reputación mediante
litigios porque los tribunales están sólo al servicio del régimen. Si el
diputado Diosdado Cabello invoca el derecho de ser respetado en su
honra y reputación y tiene familia que defender, idéntico derecho tienen
ios innumerables agraviados por los medios públicos. Y si de equidad y
reparaciones se tratase, el diputado Cabello ha debido comenzar
demandando al exfuncionario Leamsy Salazar y mucho antes a Mario Silva
quien lo acusó de graves hechos de corrupción en una grabación
telefónica, hecho por el cual fue suspendido de VTV durante un año.
@hramosallup
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