La amañada consulta electoral del 30 de noviembre
se tradujo en una rotunda condenación plebiscitaria de la tiranía del Coronel
Pérez Jiménez. No obstante que a nuestro Partido no se le permitió presentar
candidatos, excluyéndose así arbitrariamente a la organización política que en
tres elecciones anteriores había demostrado que representaba legítimamente a la
mayoría popular venezolana; no obstante la exclusión de algunas fuerzas
minoritarias; a pesar de las dificultades interpuestas por la violencia
policial contra los partidos legales de oposición que participaron en la
batalla comicial; y pese a que el gobierno pensó utilizar la institución del
voto obligatorio como un recurso general de coacción contra los electores, el
pueblo resolvió el grave dilema en que se le colocó, votando contra la tiranía
del Coronel Pérez Jiménez.
Todos los partidos políticos, todos los sectores
sociales, todos los hombres y mujeres sin partido, los miembros de la nación
entera barrieron en esa contienda las inmorales insignias del FEI, el maltrecho
aparato electoral que la dictadura había fabricado con los ilícitos recursos de
la coacción vejatoria, el soborno y la corrupción política.
Estos votos consignados por el pueblo el 30 de
noviembre no buscaron el triunfo exclusivista de ninguna organización política
en particular sino el de todas las fuerzas políticas con raíces verdaderas en
la entraña popular. Buscaron la recuperación de la soberanía nacional y la
reconquista de la libertad para todos los venezolanos. Buscaron la paz y la
armonía de la nación, criminalmente rotas por el absolutismo. Esos votos
condenaron severamente el salvaje predominio despótico de la camarilla militar
del Coronel Pérez Jiménez. Hablaron el justiciero lenguaje de la protesta
contra el terror colectivo, a favor de los miles de víctimas impotentes del
mortal campo de concentración de Guasina, de las torturas físicas y morales, de
la prisión y del exilio, del desempleo, de la arbitraria cesantía impuesta en
el trabajo por la discriminación política, y del ultraje soez de las bandas
policiales que a diario atropellan los hogares y vejan a las familias en todos
los rincones del país. En esas urnas electorales fue consignada la enardecida
indignación general por el asesinato a sangre fría de nuestro inolvidable
dirigente Dr. Leonardo Ruiz Pineda y de otros abnegados combatientes de la
resistencia popular. A esas urnas fue, en resumen, la limpia voz condenatoria
de toda la nación, que repudia en todos los tonos a la minúscula y engreída
camarilla de jefes militares ambiciosos, empecinados en continuar escarneciendo
a la soberanía popular y envileciendo a la República.
Pero la enfermiza obsesión de mando del Coronel
Pérez Jiménez lo ha arrastrado a desoír jaquetonamente la admonitiva voz de la
nación, en un temerario desafío que habrá de ser decisivo y mortal para la liquidación
implacable del despotismo. Contra la opinión de cerca de dos millones de
personas que representan la plenitud de la conciencia política del país;
ignorando desvergonzadamente que la totalidad de los sectores sociales de la
nación lo desprecian y lo detestan, el Coronel Pérez Jiménez infirió el dos de
diciembre corriente un nuevo e insólito ultraje a la dignidad nacional al
pisotear –con las típicas botas del bárbaro ignorante y vesánico- la ingenua
expresión de la soberanía de todo un pueblo. En un burdo y repulsivo sainete
político que ha sido una vergüenza para todos los venezolanos, los
representantes de las fuerzas armadas nacionales -los personeros de los hombres
encargados de custodiar las armas de la República para la defensa de la soberanía
del pueblo- se prestaron dócilmente para que se consumara un nuevo
atentado nacional contra el propio pueblo. Contando únicamente y exclusivamente
con el pregonado respaldo de las fuerzas armadas, Pérez Jiménez se colocó con
impúdico desenfado los arreos de dictador exclusivo, declarándose Presidente
Provisional al mismo tiempo que ordenaba –también con el alegado respaldo de
las fuerzas armadas- que se destruyeran las actas electorales de los Estados
para borrar toda huella del resonante triunfo popular, y para designar con
actas falsificadas, una asamblea constituyente ficticia, espuria, integrada
exclusivamente por sumisos pordioseros del servilismo nacional, reclutados por
el FEI en las más bajas esferas de la corrupción política implantada por el propio
régimen.
Y en represalia por haber obtenido los partidos de
oposición la casi totalidad de las curules de la Asamblea Constituyente que fue
anulada delictuosamente, la dictadura movilizó de inmediato su siniestra
maquinaria policial contra los partidos URD y Copey, al mismo tiempo que
pelotones de las fuerzas armadas eran preparadas o movilizadas para contener a
las masas populares que en Caracas y otros lugares del país, especialmente en
las zonas petroleras, demostraban su aireada protesta por la brutal manera como
se arrebataba, una vez más, al pueblo el limpio triunfo de su soberanía. Los
locales de Unión Republicana Democrática –partido que obtuvo la crecida
proporción de 67 de los 103 representantes a la Constituyente- fueron saqueados
y clausurados por las gangsterianas bandas de la Seguridad Nacional. Algunos
dirigentes nacionales y decenas de líderes regionales de ambos partidos fueron
detenidos junto con nuevos centenares de militantes de Acción Democrática y de
otras organizaciones populares. Y entretanto, los equipos directivos nacionales
de ambos partidos legales de oposición empezaron a ser sometidos a la grosera
presión directa del Coronel Pérez Jiménez, quien, amenazándolos con represalias
del Ejército, ha pretendido que ambas organizaciones claudiquen
ignominiosamente concurriendo –con las míseras minorías que les asignaron
caprichosamente en el fraude insólito- a la grotesca caricatura de parlamento
constituyente que el gobierno pretende instalar el próximo enero con una
indecente y falsa mayoría del FEI. Y para garantizarse la anulación práctica de
Unión Republicana Democrática como partido de mayoría parlamentaria, le fue
asignada en el fraude a esta organización solamente la ridícula minoría de 29
representantes, y casi todos sus dirigentes nacionales fueron expulsados
violenta y aceleradamente del país, a las pocas horas de haber caído en una
inicua celada policiaca, cuando el delincuente político, reo de la
falsificación de las actas electorales, que ahora ejerce el Ministerio de Relaciones
Interiores, los citó “bajo su palabra de honor” para que concurrieran a una
nueva entrevista relacionada con la rechazada proposición de complicidad en la
farsa parlamentaria que se proyecta.
Igualmente cínica ha sido la maniobra de Pérez
Jiménez en los medios castrenses. Algunos de sus emisarios anunciaron en forma
escueta y descarada a la oficialidad reunida expresamente en los cuarteles, que
el gobierno había perdido las elecciones. Pero agregaron la mentirosa versión
de que los partidos políticos planeaban disolver el ejército y asesinar a las
familias de los oficiales, y que para evitarle este caos a la nación, el
Coronel Pérez Jiménez “se sacrificaba” asumiendo el control absoluto del poder.
Otros voceros del inescrupuloso Coronel, conocedores del franco ambiente de
repudio existente en los cuarteles contra la ola de crímenes políticos del
régimen, agregaron canallescamente una desfigurada explicación sobre el cobarde
asesinato de nuestro inolvidable compañero Dr. Leonardo Ruiz Pineda. Pero no
dijeron una palabra sobre el sadismo criminal con que –desde el día siguiente
al del monstruoso crimen, cuando fuera a reclamar el cadáver de su marido- se
ha mantenido sometida al vejamen de un cruel secuestro en una sórdida celda de
la Cárcel Modelo de Caracas, a su abnegada y afligida esposa, la señora
Aurelena de Ruiz Pineda, ni tampoco informaron por qué ha perseguido la
Seguridad Nacional, con vandálica saña a sus dos inocentes hijitas de cinco y
tres años de edad. Y, no obstante que se habló mendazmente de amenazas contra
oficiales y sus familias, tampoco se explicó por qué fue echado del país en
estado pre-agónico el Teniente Coronel Mario Ricardo Vargas para que en el
extranjero muriera abandonado de todo auxilio del Ministerio de Defensa, ni se
dijo por que se tiene condenada al exilio a inclemente en España a su viuda y a
sus pequeños hijos. Menos aún se dijo una sílaba sobre el repulsivo asesinato
del Teniente Coronel Delgado Chalbaud, ni sobre los constantes vejámenes que
los personeros del régimen han infligido a su viuda para obligarla a guardar
silencio sobre la complicidad de Pérez Jiménez en el crimen o para forzarla a
abandonar el país. Olvidaron asimismo los acusiosos heraldos del déspota
explicar por qué, si este es el salvador de la integridad de las fuerzas
armadas, han echado de sus filas decenas de oficiales y se ha privado a sus
familias de los normales auxilios económicos establecidos en la carrera, y por
qué un importante grupo de mayores, capitanes y tenientes están sometidos a
infamante prisión desde hace más de un año en varias cárceles y penitenciarías
del país, sin que hayan cometido delito alguno ni como oficiales ni como
simples ciudadanos.
En general, los oficiales no fueron consultados
sino “notificados” de este segundo crimen nacional contra la soberanía popular,
como si el ejército fuera un dócil rebaño de hombres armados, que no tuvieran
ni criterio ni sentimientos que tomar en cuenta. Y en los pocos cuarteles donde
se hizo un simulacro de consulta, los jefes se cuidaron bien de no transmitir
“a la superioridad” la verdadera respuesta de la mayoría de los oficiales,
rotundamente contraria al desconocimiento de la voluntad electoral. Y como la
institución armada está siendo convertida en un bando político personalista,
nada se averiguó tampoco sobre lo que piensa el personal de tropa, que es la
mayoría de ese cuerpo. Nada se indagó sobre lo que sienten esos miles de
venezolanos –en su totalidad hombres del pueblo- que ahora visten
provisionalmente uniforme militar pero que regresarán mañana a sus hogares- a
los hogares azotados crónicamente por el desempleo y el hambre y victimados con
harta frecuencia por la Seguridad Nacional, a reunirse con sus miles de
hermanos y demás parientes que el 30 de noviembre votaron contra la tiranía del
jefe del ejército.
Pero los militares venezolanos saben ya hasta la
saciedad que su dignidad de hombres y su decoro de profesionales de las armas
han sido vergonzosamente comprometidos ante la conciencia nacional y ante la
opinión internacional por la desenfrenada y deshonesta ambición de mando y la
insaciable sed de sangre de su jefe principal. Ya a ningún venezolano con
uniforme militar puede quedarle duda alguna de que Pérez Jiménez no está usando
el ejército para defender las instituciones de la República sino como un
agresivo cuerpo de persecución política contra todos los demás venezolanos de
las mas variadas condiciones sociales y de todas las convicciones políticas. Es
difícil que no puedan darse cabal cuenta de que –además de que debe dolerles el
sufrimiento de su propio pueblo- están sufriendo grave mengua en su valor, su
honor y su caballerosidad, señalados como atributos indispensables de los
hombres de armas. Porque escaso o ningún brillo pueden tener tales atributos
cuando la institución armada es arrastrada al deshonor y la desvergüenza, al
obligarla –sin protesta- a proteger la impunidad de los crímenes políticos de
Pérez Jiménez y al dejarse utilizar para atropellar a un pueblo desarmado,
contando exclusivamente con la desigualdad de la fuerza material. También en
los cuarteles está imponiéndose esta terrible verdad: con excepción de los
espias de la Seguridad Nacional y de la Inteligencia Militar y descontando
algunos jefes ambiciosos y corrompidos, todos los sectores de la nación repudian
con la mayor energía la aciaga gestión tiránica del Coronel Pérez Jiménez. No
ha sido por simple casualidad o mero accidente que han estallado violentos
brotes insurreccionales en algunas guarniciones del país, como ocurrió hace
8nos pocos meses en Boca de Rio y en Maturín. Pérez Jiménez no obstante que ha
hecho hipócrita alarde de la tesis “institucionalista” y del “apoliticismo” de
las fuerzas armadas, ha demostrado en la práctica que sólo lo mueve un insano
exclusivismo personalista y arbitrario y que sólo lo guían sus intereses
políticos antipopulares para hacer discriminación ante los oficiales a la
hora de designarlos en cargos y posiciones, prefiriendo con frecuencia a los de
menores méritos e inadecuada jerarquía. Y el estado explosivo de los ánimos
castrenses es tan evidente, que el intranquilo e inseguro Coronel se ha visto
precisado a ordenar subrepticiamente la creación de unos cuerpos armados
irregulares, bajo el comando de los espías de la Seguridad Nacional y de la
Inteligencia Militar, para usarlos como tropa de choque contra el ejército. Dos
millones de hombres y mujeres han sido ofendidos groseramente por el obseso
dictador al pretender silenciar de un sablazo el multitudinario grito de
libertad de los comicios de noviembre. Y por vergüenza nacional, por la
dignidad de hijos de una Patria que se ha enorgullecido siempre de la
gallardía y valentía de sus hombres, no nos queda otro camino que declarar un
estado de rebelión permanente contra la dictadura. Será “la rebelión legítima
contra sus opresores”, de que nos hablan los más elevados principios políticos
de todos los tiempos y, sobre todo la que nos enseña el ejemplo glorioso de los
más dignos pueblos del mundo. Y a los militares venezolanos se les presentará
un dilema histórico y decisivo: o ensangrentar las armas que la República les
ha confiado para la defensa de la soberanía asesinando cobardemente a un pueblo
inerme, para defender los crímenes de Pérez Jiménez o sacudirse en cambio la
ignominiosa coyunda del déspota, colocándose valientemente al lado del pueblo,
en la posición que les señalan el decoro y el patriotismo.
La vasta empresa de la recuperación de la soberanía
no corresponde a un solo partido sino a todos. Y no es deber exclusivo de los
partidos sino de todos los hombres y mujeres de la nación. Porque a todos estás
dirigido el reto del absolutismo al pretender consolidarse instalando una
constituyente adulterada y servil, para que le apruebe el gigantesco
despilfarro de los ocho mil millones de bolívares malbaratados en cuatro años;
para que le encubra la siniestra ola de crímenes políticos, y para que le
legalice la proyectada entrega a precio vil de nuevas concesiones petroleras y
del hierro a la insaciable voracidad del sojuzgador capitalismo extranjero.
Contra todos se ensañará ahora el terror policiaco y de todos los partidos
serán los nuevos y numerosos hogares a quienes afligirá en adelante esta
intolerable desgracia nacional.
Todos los venezolanos, y especialmente los dos
millones de personas a quienes se les ha atropellado miserablemente su voluntad
comicial, estamos comprometidos por dignidad en una histórica cruzada nacional:
la demolición del podrido andamiaje de la dictadura perezjimenista y la
formación de un gobierno provisional de equilibrio político. Un gobierno que
tenga objetivos bien definidos:, que restablezca las libertades públicas, que
retire el ejército de su actual plano de indebido predominio político y lo
coloque en su función natural de cuerpo técnico profesional, y, por último, que
encauce a la nación definitivamente hacia el sosegado ejercicio de su
soberanía, de modo que el pueblo pueda elegir libremente a quienes deban
dirigir en firme la transformación democrático-revolucionaria del
país hasta lograr
plenas y satisfactorias condiciones de bienestar social y una adecuada
independencia económica en el campo internacional.
Al lado de los demás partidos, Acción Democrática
tiene señalado – por su inflexible trayectoria revolucionaria y por su
capacidad combativa- un papel primordial en esta decisiva cruzada de la
liberación nacional. Y para cumplirlo honrosamente, propiciamos de la manera
más resuelta un permanente estado de rebelión civil, una indesmayable ofensiva
de oposición popular, que mantenga agresivos y encrespados los ánimos de todos los
venezolanos contra la humillación de que somos víctimas para impedir en todo
momento que la dictadura de Pérez Jiménez se estabilice sin resistencia. Una
rebelión de opinión que obligue a las fuerzas armadas –mediante la poderosa
presión de todos- a libertarse también ellas del deshonroso dominio
personalista y sanguinario de Pérez Jiménez, o que logre abrir ancho cauce para
el estallido de una vasta e incontenible insurrección popular, a fin de que
sean las honestas manos del pueblo las que despedacen implacablemente el ya
desquiciado aparato inmoral del absolutismo.
Dentro de breves días, las masas populares
recibirán indicaciones precisas sobre la forma contundente de iniciar esta
nueva y mas activa y beligerante etapa de la resistencia civil. Y para
garantizar que esta sea la acción permanente que coordine a todos los sectores
populares, de todos los demócratas del país, estamos acelerando la ejecución de
las siguientes medidas.
Estamos implantando con rígida severidad un
reajuste organizativo de nuestro aparato partidista -que tan
victoriosamente ha resistido en estos cuatro años las más tremendas y
sanguinarias embestidas de la represión policial y la mas sañuda represalia
moral y económica contra sus militantes- a fin de que responda con mayor agilidad,
más firme resistencia en su contextura interna y mayor capacidad de
movilización sincronizada de las masas, en esta decisiva batalla contra la
dictadura. Por los canales confidenciales del partido están siendo transmitidas
las instrucciones concretas sobre este plan reorganizativo. Debe responder a la
consigna de que “ningún ciudadano podrá considerarse miembro de Acción
Democrática si no milita activamente en su respectivo grupo político de base”.
Al mismo tiempo, estamos estableciendo un ágil
mecanismo de organización para movilizar a todos los hombres y mujeres sin
partido que se están acercando a nuestras filas para pedir una activa
participación en la lucha por la liquidación de esta humillante etapa de
nuestra historia nacional. Ante ellos, nuestro partido deberá actuar con gran
amplitud de criterio, respetándoles las propias convicciones ideológicas, pero
unificándolos en la lucha común por la recuperación de la soberanía, con la
consigna de que “ningún ciudadano demócrata, aunque no milite en partido
alguno, debe permanecer inactivo en la presente ofensiva contra la tiranía”.
Luego propiciaremos con todas las demás fuerzas
políticas organizadas un plan de rebelión civil contra la dictadura. Buscaremos
en esa coordinación “acción coincidente” de tipo práctico, conservando cada
partido su independencia ideológica y su autonomía organizativa interna. Esta
coordinación debe responder a la consigna de que “todas las fuerzas políticas
están obligadas a hacer respetar la soberanía nacional con los medios de que
dispongan”.
Finalmente, debemos inciar con audacia una
implacable ofensiva de rebelión civil en todos los campos de la vida nacional.
Todos los partidos, todos los hombres y mujeres, todos los venezolanos dignos
debemos desatar una coordinada y certera acción multitudinaria hasta lograr
oponer a la tiranía en la mortal disyuntiva de reconocer la soberanía nacional
o aniquilar sangrientamente a todo el pueblo venezolano. Actuaremos
realistamente. Con clara conciencia de que nuestro poder no es otro que el gran
poder de un pueblo enardecido porque se le ha vejado y se le ha humillado
brutalmente. Actuaremos sin la menor vacilación. Sabedores de que el pueblo no
tiene armas de guerra porque siempre confió ingenuamente en que las armas de
los cuarteles eran para defenderlo y ahora están siendo utilizadas en su
contra. Pero convencidos de que la gran tragedia política que entristece a la
nación por permite plantearse el dilema simplista de combatir con armas o no
combatir. Porque el patriótico reclamo nacional está concebido en otra forma
inexorable: si no combatimos ahora hasta triunfar, el pueblo será esclavizado
ignominiosamente por tiempo indefinido. El pueblo tiene que defender ahora
mismo su libertad a cualquier precio y con los medios que tenga en sus manos.
El pueblo tiene que combatir con sus propios recursos, los interminable
recursos de la acción de masas, que en nuestro país existen en condiciones
invalorables para la conquista del triunfo. Somos la mayoría de la nación.
Somos todo un pueblo. La dictadura está desasistida de todo respaldo social y
de todo apoyo moral. Una indoblegable decisión de lucha alienta prodigiosamente
nuestros corazones. Una fe desbordante enciende nuestra sangre. Contamos en
resumen, con preciosos factores humanos y morales suficientes paran dotar
nuestra capacidad de combate de un poderío mil veces más fuerte que las mas
aceradas corazas del despotismo.
Caracas 24 de diciembre de 1952
Por el Comité Ejecutivo Nacional de ACCION
DEMOCRÁTICA
Alberto Carnevali
( Secretario General)
No hay comentarios:
Publicar un comentario