Está fuera
de toda duda que desde que el chavismo llegó al poder, hizo añicos el
sacrosanto principio de separación de poderes instituido en el derecho de la
civilización occidental y en nuestra Constitución, y que todos los órganos que
forman el poder público están al servicio subordinado del Ejecutivo, es decir,
del Presidente de la República. No sólo es el escenario tragicómico de la AN,
remedo de parlamento donde no se debate ni se legisla ni se controla, sino,
peor, en el poder judicial, que en cualquier democracia es el poder
equilibrante por ser el competente para corregir a las otras funciones
cuando se salen de cauce o incumplen por acción u omisión sus deberes
constitucionales.
En las democracias auténticas, el garante de la
constitucionalidad y la legalidad es el poder judicial, el único que no está
bajo control ni supervisión de ningún otro poder. Este es el deber ser que aquí
no es. Recuerdo desde el aula universitaria la admonición del Talmud: “¡Ay de
los pueblos cuyos jueces merezcan ser enjuiciados!”
Leo un
informe de un grupo de abogados que después de investigar 45.474 sentencias,
afirman que en instancias y en el TSJ el gobierno no ha perdido ningún juicio
importante, lo mismo que dije en Miraflores en el diálogo del 10 de abril: que
desde que el chavismo llegó al poder gana todos los juicios sea demandante o
demandado.
Este
ventajismo en estrados tiene su metódica: cada vez que el gobierno amenaza, se
produce el eco judicial y se designan fiscales todoterreno para dirigir
imputaciones a conveniencia del régimen, lo cual anuncia las subsiguientes
medidas y sentencias de los tribunales. A determinados fiscales de mucha
confianza, asignan expedientes cuyo denominador es que todos los investigados
son opositores al gobierno. Una misma fiscal, Katherina Harrington, maneja los
casos de María Corina Machado, Diego Arria, Gustavo Tarre, una cuñada de Rocío
San Miguel, María Lourdes Afiuni, Salas Römer y el empresario Parsifal De Sola,
a quien le ocuparon el Hotel Perlamar en Margarita, acusándolo de legitimador
de capitales y financista del terrorismo y la subversión. Si estuviese
financiando los hechos ilícitos que le imputan, el dinero estaría en
instrumentos propios de esas actividades y no sembrados en las enormes
instalaciones del Hotel Perlamar.
A De Sola,
que se confiesa adversario de este gobierno, lo conozco hace años y toda su
vida ha sido opositor a todos los gobiernos de este país. ¿Y por qué? Pues
porque tiene el mismo derecho constitucional que tenemos todos de ser
partidarios o adversarios de lo que nos plazca sin pedir permiso ni dar
explicaciones a nadie. De Sola se ha desgañitado comprobando el origen legítimo
del dinero invertido en Perlamar, producto de créditos recibidos de un banco
que opera legalmente en nuestro país y garantizados con hipotecas y avales de
los socios. Lo que no logro explicarme es cómo un empresario tan avispado y
perspicaz como él, haya tenido los riñones de invertir ese dineral en un país
mundialmente afamado como de altísima peligrosidad para los turistas, y, de
ñapa, que haya ignorado que para este gobierno resulta más tolerable el que
ordeña aquí y se bebe la leche en el exterior, que el bolsa que bajo riesgo de
que se le empiche la deja aquí para generar riqueza, progreso, desarrollo y
empleo, eventos que convierten a cualquiera en sospechoso y enemigo sentenciado
del régimen.
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