Cuando
regresé del exilio en febrero de 1958, después del derrocamiento de la
dictadura, pensé que se publicara de inmediato una segunda edición. Acepté
la proposición que al respecto me hiciera una empresa editora
venezolana, y aun recibí un anticipo sobre mis derechos de autor por la
cantidad de Bs.20.000. Esa suma me fue de singular utilidad para pagar los
gastos de instalación y manutención de mi familia, porque regresé del
destierro en la inopia.
Debía
revisar el texto del libro, y la intensa actividad política realizada por
mí para aquellos días en la reestructuración del partido
Acción Democrática, que afloraba a la vida legal después de nueve
años de lucha clandestina, fue retardando esa tarea. Sin embargo,
sacaba tiempo de donde no lo tenía y en las madrugadas, cuando
regresaba a mi casa después de un intenso laborar de catorce o más
horas diarias, iba revisando el texto. En el ejemplar del libro entonces
utilizado he encontrado parte de los añadidos, más que de las supresiones,
que entonces le hice. Digo esto porque solo cambio de palabras, y
nunca de conceptos, contiene esta edición con respecto a la primera. No
he considerado ajustado a la ética de quien escribe historia retractarme
en 1967 de lo que se publicó por primera vez en 1956. No obstante la
situación personal que confrontaba entonces, acosado por la
persecución de la dictadura aun en los países donde vivía como exilado,
procuré darle a este trabajo una fisonomía de enfoque analítico y
ponderado, y no el encendido y agresivo tono del panfleto vindicativo. En
nuestro tiempo son más convincentes los hechos escuetamente expuestos
y las cifras esclarecedoras que los enuestos latigueantes utilizados en
sus obras por un Montalvo, un Rufino Blanco Fombona o un José Rafael Pocaterra.
En
el momento en que revisaba en Caracas este libro para su reedición no
estaba entre mis planes el de postularme para presidente de la
República. Este no es el sitio vi la oportunidad para explicar las razones
de mi actitud de entonces. Lo hago, con amplitud en el razonamiento,
en mis memorias de hombre público, en buena parte ya escritas. Pero cuando
circunstancias muy determinantes me llevaron a aceptar la postulación
que hizo de mí el partido Acción Democrática de candidato a la Primera
Magistratura, pensé que no debía publicarse en ese momento la nueva
edición de Venezuela,
política y petróleo.
Dos
razones determinaron esa actitud. Se trataba de un libro polémico, que
analiza y enjuicia la política contemporánea del país. Seguro como
estaba de salir triunfante en los comicios próximos a realizarse, no me
pareció oportuno el momento para dar a la publicidad un libro tan
controversial. Se añadió a esta apreciación la idea de que no era discreto
que un jefe de Estado –convencido estaba de que lo sería– apareciera
utilizando el cargo de alta jerarquía por él desempeñado como vehículo de
propaganda de un libro suyo. Tomada la decisión de no propiciar la
publicación de este libro en tales circunstancias, solicité y obtuve de un
banco un préstamo en forma de pagaré, para devolverle los veinte mil
bolívares al editor que me había adelantado esa suma.
Esta
es la primera vez que en forma pública explico las causas por
las cuales no circuló en aquella época la ya anunciada 2.ª edición de este
libro.
Esa
decisión mía ha sido objeto de diversos comentarios. De modo especial por
los dolientes del régimen del general Medina Angarita, derrocado el 18 de
octubre de 1945 y sustituido por la Junta Revolucionaria de Gobierno, por
mí presidida. Los viudos políticos de ese régimen se cuentan entre los que
más escriben en periódicos y revistas, y en sus panegíricos póstumos a
ese gobierno desaparecido en forma violenta hay acaso más deseo de
justificarse ellos mismos por haberlo servido que defensa de las precarias
ejecutorias de esa administración. En forma hasta retadora ha
calificado al silencio mantenido por mí en años recientes sobre esa etapa
de la evolución del país quien fue uno de los más destacados capitostes
del medinismo y generalmente reconocido como eminencia gris del
régimen, el doctor Arturo Úslar Pietri. Esa manera desafiante de enjuiciar
nuestra actitud se aprecia bien en el prólogo suyo al libro póstumo del
general Medina Angarita, publicado en 1963 bajo el título Cuatro años de democracia.
En ese prólogo se lee un muy significativo párrafo: «Este era el
gobernante que fue derrocado en un día nefasto de 1945, a seis meses de
expirar su mandato, en una fecha que, hasta sus propios
beneficiarios inmediatos, tratan hoy de pasar en silencio» (subraya R.B.).
No
es cierta esta apreciación. Nunca nos hemos arrepentido quienes fuimos
actores en el episodio político del 18 de octubre de 1945 de
nuestra participación en él. Creemos, además, y así será generalmente
reconocido cuando se enjuicie con perspectiva de tiempo la labor del
gobierno surgido de él, que será apreciado ese período como un hito
de progreso en la historia nacional y como un cambio hacia lo mejor que
estaba reclamando el país.
En
un largo capítulo de este libro se analizan las circunstancias que ineludiblemente
condujeron al violento episodio del 18 de octubre. Y aun para que se
aprecie cómo estuvo inserto dentro del marco internacional de ascenso
de la democracia y de crisis de la autocracia después de finalizada
la Segunda Guerra Mundial, he hecho incluir en el apéndice de esta
segunda edición el texto taquigráfico de un discurso pronunciado por mí en
el Teatro Olimpia de Caracas, el 6 de mayo de 1945, y publicado en el
diario El País, el
10 de mayo del mismo año. En esa exposición se aprecia el tono comedido y
sereno de nuestros planteamientos políticos en el campo de la
oposición y se hace un resumen panorámico de cómo en todas las
latitudes se estaba ejercitando en aquellos días, libremente, el derecho
del voto para escoger a los gobernantes, mientras que en Venezuela se
pretendía mantener la fórmula gomecista de que el presidente saliente
eligiera a quien iba a sucederle en Miraflores. Ese discurso fue
pronunciado cuando no teníamos noticia alguna de que se estuviera
gestando una conspiración de oficiales jóvenes de las distintas armas en
los cuarteles y en las bases aéreas y navales.
En
años posteriores a los sucesos del 18 de octubre de 1945 historiadores que
tenían destacadas posiciones dentro del gobierno medinista han en
cierta forma admitido, si no justificado, lo que en esa época
sucediera. El doctor Mario Briceño-Iragorry era presidente del Congreso en
octubre de1945 y amigo personal y político del presidente
Medina. Estaba ubicado en sitio de preeminencia dentro de los elencos
gobernantes. Y así analizó algunas de las causas que precipitaron el
derrocamiento de su jefe político y correligionario:
La
suerte había sido echada con dados falsos. En medio de la gran crisis
ocurrida en el Movimiento pedevista, al surgir las aspiraciones del grupo
que quería el regreso del lopecismo, considerado por muchos como un
disimulado continuismo, Medina hubo de luchar con un mundo de pasiones que
no pudo equilibrar. Como si se hubiera tratado de una herencia, los
aspirantes menudearon y mantuvieron la tesis del «gran elector» en espera
de recibir el óleo de la recomendación. Aun fuerzas familiares se
movieron en torno a quien más que tachirense era visto como venezolano
integral, para hacer que la voluntad del Presidente se inclinara a favor de un
nativo del Táchira (Sentido y vigencia del 30 de noviembre, Ediciones Bitácora,
Madrid, 1953, p. 29).
El
historiador y novelista Ramón Díaz Sánchez, quien fuera director
de periódicos oficiales del movimiento político medinista, ha escrito, a
su vez:
El
golpe cívico-militar (este fue el nombre eufemístico que se le dio)
descargado sobre el gobierno de Medina Angarita en 1945, tiene su origen
en esa serie de circunstancias y un poco también en la terquedad con
que el Presidente mantuvo la tesis de que el país debía ser gobernado aún
por un tachirense. Empecinado en ese peregrino prejuicio y decidido, por
otra parte, a cerrar el paso a una nueva administración de López
Contreras, apoyó primero al doctor Diógenes Escalante, e inutilizado este
por una dolencia mental, al doctor Angel Biaggini, abogado distinguido sin
otros antecedentes políticos que haber sido Secretario de la Presidencia y
Ministro de Agricultura. Se dice que de no haber enfermado Escalante
el golpe de 1945 no se habría producido. Ello es posible. En todo caso es
dudoso que hubiese sido elegido Biaggini, pues López Contreras
contaba con la mayoría en el Congreso (Venezuela
independiente. 1810-1960. Fundación Eugenio Mendoza, p. 275).
El
propio doctor Úslar Pietri me dijo en aquellos días tensos que
precedieron a la Revolución de Octubre, en un casual encuentro que
tuvimos: «La situación política es alarmante. Biaggini no duraría en el
gobierno. Lo tumbarían los sargentos». Mi contertulio niega haber
pronunciado esas palabras, sin descartar que él mismo haya olvidado que
las pronunció. Reafirmo que me las dijo. Durante muchos años he ido
haciendo anotaciones diarias en libretas de hechos políticos importantes.
En una de ellas fueron recogidas textualmente esas palabras. Esas
libretas, que por decenas están en mis archivos, me están sirviendo
de fácil y segura guía en la elaboración de mis memorias.
Se
argumenta que el 18 de octubre de 1945 hizo posible el 24 de noviembre de
1948, fecha en que fue derrocado el gobierno de Rómulo Gallegos. Ese
argumento no resiste el menor análisis. Es como si se inculpara a
quienes hicieron la Revolución francesa de la sustitución de la
República por el Imperio napoleónico. O a los
libertadores venezolanos de 1810 de las prolongadas autocracias de
Páez, los Monagas y Guzmán Blanco. La historia de los pueblos no
sigue una línea recta, como en las modernas autopistas. El proceso
evolutivo de las naciones se realiza en zig-zag, con caídas y
recuperaciones. Lo que importa es señalar el carácter positivo o negativo,
lo que se avanzó o se retrocedió, en cada etapa del devenir de un país, y
procurar que no se repitan los errores y faltas que lo hicieron
retrogradar hacia el pasado cuando ya estaba enrumbado por la buena
vía de la democracia política y de la reforma social.
Este
es un libro de historia. Y creo pertinente precisar la manera como enfoco
la tarea de historiar.
Ningún
historiador es imparcial. Majadería es negar que el acontecer de los
pueblos es rememorado por quien sobre esos temas escriba enfocando hombres
y sucesos a través del prisma de sus propias convicciones
ideológicas. Lo que no es válido ni respetable es que el historiador
distorsione hechos e invente situaciones para falsificar, en beneficio de
sus propias tesis, lo acontecido en una nación. En este
sentido, quien lea este libro encontrará en él cómo, y en sacrificio
de la fluidez del relato, he tratado de documentar las actuaciones de
individuos y el porqué de los acontecimientos referidos e
interpretados. Alguien definió al historiador como un hombre instalado
sobre el muro de una ciudad asediada por un ejército, viendo con mirada
impasible y desprovista de cualquier forma de apasionamiento con el ojo
izquierdo a los sitiados y con el derecho a los sitiadores. Esta es una
irrealizable actitud. La posición de neutralidad asexuada es un imposible
en quien escribe historia. Su propia pasión; su manera de interpretar los
fenómenos sociales; su simpatía o antipatía por quienes hayan
protagonizado los hechos que se relatan gravitan en una forma perceptible
en el ánimo del relatador.
Pero
si el historiador que escribe para toda clase de lectores tiene un margen
de libertad que nadie podría negarle para poner mucho de él mismo, de su
propia ideología, en la manera de enjuiciar algunas de las etapas del
devenir de un país, o todo su proceso histórico; a quien escribe textos
destinados a finalidades didácticas le está vedado, por razones de ética
profesoral, relatar como le venga en ganas, sin tomar en cuenta que
sus lectores serán adolescentes sin la suficiente capacidad de propio
discernimiento, incapacitados para distinguir entre la verdad y la
superchería, por razones de edad física y deformación mental aún
incipiente. Esto último es lo que hace el historiador venezolano Guillermo
Morón en la cuarta edición de su manual de historia que, como texto
escolar y bajo el título de Venezuela,
entró a circular en enero de 1967.
En
ese libro, destinado al alumnado de nuestros liceos, se leen acerca del
gobierno del general Medina Angarita varias páginas de propaganda bombástica y
de una tan desbridada apología que les llevan a bordear con la
apoteosis. En contradicción, al trienio de los gobiernos que presidimos
Gallegos y yo les dedica si apenas tres escuetos párrafos, saturados
de corrosiva intención negadora.
Las
medidas referentes al nuevo régimen [Junta Revolucionaria de Gobierno y
los nueve meses de la administración de Gallegos, R.B.] fueron:
establecimiento de un Jurado Civil y Administrativo, que procesó
rápidamente y sin apelación ante los tribunales ordinarios a los ex
Presidentes Medina y López y a sus colaboradores, condenados por
enriquecimiento ilícito; expulsar del país a los dos ex Presidentes, al
doctor Arturo Úslar Pietri y muchos otros políticos; convocar a elecciones
para una Asamblea Nacional Constituyente, que se reunió el 17 de diciembre
de 1946. Aprobada una nueva Constitución (1947) y un nuevo Estatuto
Electoral, se realizaron elecciones para Presidente de la República en
medio de grandes disturbios públicos. El 14 de febrero de 1948 la Junta de
Gobierno entregó el poder al Presidente electo don Rómulo Gallegos.
Dos
otros párrafos completan la escueta, deformada y deformadora apreciación
del escritor Morón sobre el trienio de gobierno 1945-1948.
En
esa etapa de la vida nacional es cierto que un determinado número de
funcionarios públicos fueron acusados de peculado ante el creado
Tribunal de Responsabilidad Civil y Administrativa. Pero tuvieron los
inculpados derecho a la defensa y pudieron ser asistidos por abogados que
ejercieron sus funciones sin coacción oficial. Las sentencias de ese
tribunal especial fueron apelables ante una comisión escogida de su seno
por la Asamblea Nacional Constituyente, con representación en ella de
diputados de oposición. No fueron pocos los acusados que estuvieron en
capacidad de comprobar su inocencia de los cargos que se les formularon, y
resultaron absueltos o fue disminuida la cuantía de lo que iban a
devolverle al fisco. Sí no hubo derecho a la defensa ni de apelación
del acusado por el delito de peculado en la norma constitucional que rigió
bajo los gobiernos de López Contreras y de Medina Angarita con relación a
los funcionarios de los gobiernos de Castro y de Gómez. Podría argüirse, y
es verdad, que esa disposición constitucional se aplicó a muy pocos, pero
no por escrúpulos legalistas sino por razones de solidaridad de clan.
Los enjuiciadores potenciales tenían estrechos nexos de colaboración
compartida en el servicio a las dictaduras de Castro y de Gómez, y de
manera especial a la de este último.
Infinitamente
más importante que la medida correctiva adoptada por la junta contra
abusos cometidos en el pasado en el manejo de los dineros públicos
fue el aleccionador ejemplo dado por los gobernantes del
trienio 1945-1948, de propia e intransigente
moralidad administrativa. En lo que iba del siglo fue ese el primer
equipo gobernante de Venezuela al cual no se le pudo entonces, ni después,
acusar de aprovechamiento del poder para el enriquecimiento sin causa.
Durante el lapso más largo de ese período estuve yo en Miraflores, en
ejercicio de la presidencia del Poder Ejecutivo. Y cuando entregué al
presidente Gallegos la codiciada silla, estaba tan pobre como cuando entré
a Miraflores. No creo haber hecho con ello nada extraordinario, sino
cumplir con normas de ética administrativa y de respeto a mí mismo, al
gobernar con honradez. Pero no dejó de causar sorpresa en
comentaristas extranjeros, informados de la tradicional existencia en
Venezuela de la sucia lacra del peculado, que así me comportara. La
revista Fortune, de Nueva York (abril, 1949) se refirió así a ese aséptico
proceder en el manejo de la hacienda pública: «Cuando Betancourt
llenó el requisito constitucional y dio cuenta de sus haberes después
de ejercer durante dos años la presidencia de uno de los países pequeños
más ricos del mundo, su capital ascendía a 1.154 bolívares. Semejante
honradez por sí sola es un milagro en América Latina». Y el
profesor norteamericano Austin F. MacDonald, en su obra Latin American Politics and
Government, escribió a su vez:
El
sueldo de Presidente equivalía a catorce mil dólares al año. Esa
asignación era insuficiente en un país de vida tan cara como es
Venezuela. La Ley imponía que los Jefes de Estado al retirarse del
cargo concurrieran ante un
juez e hicieran declaraciones públicas de su capital y deudas. El ex Presidente Betancourt demostró que sus ganancias al abandonar la Presidencia eran trescientos cuarenta y tres dólares.
juez e hicieran declaraciones públicas de su capital y deudas. El ex Presidente Betancourt demostró que sus ganancias al abandonar la Presidencia eran trescientos cuarenta y tres dólares.
Lo
mismo que se ha transcrito del juicio que le mereció a revistas y
libros extranjeros la probidad que demostré durante mi permanencia en
Miraflores puede aplicarse a cuantos integrarán el equipo de gobierno
durante el trienio
1945-1948.
1945-1948.
Extensos,
acaso extensos en exceso, son los capítulos de este libro en los
cuales se registra la obra administrativa realizada durante el trienio
1945-1948. Tanto se ha dicho y escrito acerca de una supuesta ineficacia para
realizar labor útil de quienes gobernamos en ese período que
resultaba imprescindible decir lo que se hizo y lo que se había programado
para el futuro. Y es con la intención confesa de interesar al lector
en el repaso de esos capítulos que intentaré, en un esfuerzo de síntesis,
resumir en unas cuantas plumadas la labor que en el orden económico y
administrativo se realizó en ese trienio.
El
presupuesto nacional pasó de un promedio de 350 millones de bolívares en
el lapso 1938-1945 a 1.315 millones en 1947. Creció en cuatro veces. Pero
este aumento en la capacidad de gastos del Estado se logró mediante
el aumento de impuestos a las compañías petroleras y a empresas nacionales de
cuantiosas ganancias, con un desgravamen coetáneo a las mercancías
y servicios de generalizado uso y consumo. Entre los años 1938-1945, la
renta petrolera le aportó al Estado 40% de sus ingresos; y otras
rentas, 60%. La incidencia varió substancialmente para 1947: 63% de los ingresos
fue aportado por las compañías petroleras y las empresas nacionales de
altas ganancias y 37% por los ingresos percibidos por la población en su
conjunto. Los 252 sindicatos de trabajadores que existían en 1945
ascendieron al número de 1.014 para 1948. Los trabajadores del
petróleo firmaron, por primera vez en la historia del país y después
de más de veinte años de vida de la industria, un contrato colectivo cuyo
aumento de ingresos a su favor estimó The
New York Times (19 junio, 1946) en cien millones de bolívares.
La creación de la Corporación Venezolana de Fomento hizo posible el
inicio de la industrialización del país, que comenzó a dejar de ser lo que
había sido hasta entonces: subsidiario y distribuidor de mercancías importadas
desde el exterior, cuando podían producirse con capital y mano de obra
nacionales. Los préstamos a los industriales nacionales hechos por la
Corporación Venezolana de Fomento crecieron a saltos. Pasaron de 84
millones de bolívares en 1947 a 109 millones en 1948. Lo mismo que con
respecto al impulso que se dio al desarrollo industrial, puede decirse en
relación con el resuelto apoyo crediticio que el Estado aportó a la
agricultura y a la ganadería. La Cepal (Comisión
Económica para América Latina), en su monografía Hechos y tendencias de la economía
venezolana, trabajo realizado en 1950 por una entidad
internacional adscrita a las Naciones Unidas, escribe: «Puede decirse que
el crédito agrícola ha sido nulo e insignificante hasta 1946, año en que
fue creada la Corporación Venezolana de Fomento y en que, al mismo tiempo,
el Banco Agrícola y Pecuario intensifica su acción ». Las cifras
confirman esa apreciación. Hasta 1945 el montante de los créditos
aportados a los agricultores nunca fue superior anualmente a los 10
millones de bolívares; en 1948, último año del trienio democrático,
ya habían subido a 116 millones de bolívares. El presupuesto de
educación subió a saltos. De 38 millones de bolívares que se invertían por
el gobierno en las diversas ramas de la educación, se pasó a 119
millones en 1948. En treinta y seis meses, en vez de los 131.000 niños que
concurrían a las escuelas primarias, estaban incorporados en ellas
500.000. En defensa de la salud pública se hicieron
inversiones cuantiosas y el presupuesto del sas creció en tres años
en cuatro veces, pasando a ser de 28 millones de bolívares en 1945 a 110
millones en 1948. Las Fuerzas Armadas recibieron en esos años, al igual
que las demás entidades públicas, un impulso de renovación y un
mejoramiento apreciable en material y normas organizativas. El país, en su
conjunto, echó a andar con paso acelerado en todas sus actividades.
Y
más importante que todos los logros materiales alcanzados durante ese
trienio, fue el goce colectivo de escoger el pueblo a sus gobernantes,
en libre ejercicio del voto. Una importante revista norteamericana, Newsweek (20
diciembre, 194 7), reflejó con emocionado acento la hora impar que
vivieron los venezolanos cuando tuvieron su primigenia experiencia de
ejercicio del sufragio por votación universal, directa y secreta. Dijo esa
revista:
Por
primera vez en su historia el pueblo de Venezuela, hombres y
mujeres, ricos y pobres, letrados e iletrados, sin distinción de credos o
de color, estaban escogiendo su propio Presidente, sus senadores, sus
diputados. La tranquilidad dominical de la asoleada ciudad, la maravillosa
paciencia de las largas filas de votantes en espera, la rapidez y
eficacia y orgullo con que los votos fueron depositados: todo esto
demuestra lo lejos que ha llegado Venezuela, desde que la Junta
Revolucionaria asumió el poder. Éstas fueron algo más que las más honradas
y las más ordenadas elecciones que Venezuela nunca haya tenido.
Podrían servir como modelo para cualquier país en el
hemisferio occidental, sin excluir muchas partes de los Estados Unidos.
En
este libro se recoge e historia también el «tiempo del desprecio »,
la sombría época de la dictadura que comenzó el 24 de noviembre de
1948 y fue derrocada por la acción coincidente de pueblo y Fuerzas Armadas
el 23 de enero de 1958.
En
un apéndice se resume la nueva política de petróleo,
nacionalista y defensora de la principal riqueza natural del país,
implantada a partir de febrero de 1959, cuando se inició de nuevo el
ciclo de gobiernos electos, democráticos.
Al
terminar de escribir las páginas iníciales de un libro ahora sí de
libre circulación en Venezuela, pienso en que podrá ayudar a las
nuevas generaciones venezolanas a entender el proceso histórico
contemporáneo del país. Compensado del esfuerzo que significó
escribirlo me sentiré si estas páginas despiertan en las jóvenes gentes de mi
patria –físicamente lejana, acompañándome siempre– inquietud de inquirir,
vocación de estudiar las causas y motivaciones del acaecer nacional. Que
lo haga es un voto que formulo en una mansarda abarrotada de libros,
revistas y periódicos, en una pequeña casa de la pequeña Suiza.
Tomado de: -http://prodavinci.com/2014/04/22/actualidad/prologo-a-la-segunda-edicion-de-venezuela-politica-y-petroleo-de-romulo-betancourt/
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